A veces, los excesos tienen sus consecuencias. La discusión por las torres que la compañía Alperovich Group está edificando en Yerba Buena parece haber quedado zanjada. El Tribunal de Faltas de ese municipio condenó a la constructora a pagar $ 4,6 millones debido a una serie de infracciones al Código de Planeamiento Urbano de esa jurisdicción. Tras esa multa, el empresario Naum Alperovich firmó un convenio con el Gobierno local, por el que se compromete a construir una calle que va desde las avenidas presidente Perón y Fanzolato -donde se erigen sus edificios- hasta las canchas de rugby y de hockey del country Jockey Club.

Es decir que la calzada correrá de modo perpendicular a la Perón, atravesará el límite oeste del barrio Las Marías y llegará hasta el cruce que conduce a los barrios Alto Verde. Una vez que esté culminada, se convertirá en una vía de acceso alternativa a la calle Bascary, que es la que utilizan actualmente quienes viven en esa zona. La obra completa -se lee en el texto del acuerdo- tendrá una superficie de unos 8.200 metros cuadrados, una extensión aproximada de un kilómetro y un costo de unos $ 12 millones.

Así las cosas, las partes resolvieron que los dineros de la obra que excedan el monto de la multa (unos $ 7,4 millones) quedarán como crédito en el municipio, a favor de la empresa León Alperovich Group SA, y se imputarán como pago adelantado del impuesto TEM y de otras obligaciones impositivas. La trocha deberá estar hecha de hormigón y el plazo de ejecución es de 12 meses, que se contarán una vez que la Municipalidad quite las malezas de la futura senda. Además, Alperovich asumió el compromiso de introducir, en ese camino de sirga, elementos arquitectónicos, paisajísticos y de alumbrado público.

Aunque en este acuerdo no se especifica cuáles son las violaciones en las que habría incurrido la urbanización, anteriormente la Dirección de Planeamiento había emitido otro escrito, en el que enumeraba varias transgresiones -según su interpretación-. Argumentaban, por ejemplo, que se había construido más del doble de lo permitido por el Factor de Ocupación Total (FOT), un coeficiente establecido en el Código. También habían detectado excesos en las alturas e incumplimientos en los retiros reglamentarios.

El convenio fue firmado la semana pasada por Alperovich y por el intendente de esa ciudad, el radical Mariano Campero. Lleva la firma, también, del juez de Faltas, Fernando García Hamilton. Incluye una salvedad. Un 20% de esa multa quedará en suspenso. “Si en el plazo de 60 días la parte imputada subsana otra falta cometida, se le levantará ese porcentaje”, se lee en el expediente. En este caso, le piden que vuelva a unir dos paredes que habían sido divididas. Si concretan esa modificación, la multa rondará, entonces, los $ 3,7 millones.

No es lo único que el empresario deberá reformular. Inicialmente, iban a levantarse cuatro torres, de acuerdo a lo que había aprobado el otrora intendente, Daniel Toledo. La nueva gestión le dio permiso para hacer sólo dos torres. “Se trata de una multa inédita. Nunca antes hubo una pena con estas cifras. Ante la magnitud de los números, el empresario ofreció canjearlos por una obra. Eso está previsto en el Código de Faltas de esta ciudad; es una posibilidad que se les da, comúnmente, a los infractores”, explica Manuel Courel, jefe de Gabinete municipal.

Es por eso que avanzaron en la elaboración de un convenio de pago. “Esto es favorable a los intereses de los vecinos”, añade Courel.

Una larga historia

La historia del Boulevard del Cerro -como se denomina el emprendimiento- comenzó a transitar por los despachos gubernamentales en 2012. En agosto de aquel año, la gestión de Toledo aprobó la documentación técnica para levantar cuatro torres, destinadas a viviendas y a locales comerciales; además, habrá una concesionaria de venta de automóviles.

Lo que ocurrió después es historia conocida: la empresa inició sus dos primeros edificios. Pero en 2015, a medida que colocaba un ladrillo sobre otro, comenzaron a oirse voces críticas. Campero -que por aquel entonces era concejal- había denunciado que se estaban violando las normas edilicias.

Sin embargo, las protestas quedaron en pataleos: el otrora intendente aseguró que la construcción respetaba lo establecido por el Código, y con eso cerró el caso.

Pero en enero de este año, las torres fueron noticia otra vez, cuando Campero -ahora intendente- le envió una notificación a Alperovich pidiéndole que libere la calle del camino de sirga lindera al canal Caínzo-Las Piedras, que durante dos años estuvo cercada y dentro de la propiedad del empresario, a consentimiento de Toledo.

Al cabo, la Dirección de Planeamiento municipal envió un documento al Concejo Deliberante, en el que sugería que se demuelan las terrazas de los dos edificios en pie. Los concejales no estuvieron de acuerdo con esa recomendación. No obstante, los funcionarios camperistas avanzaron con sus observaciones. Hasta que, finalmente, fijaron la multa y firmaron el acuerdo de pago.